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Defensoría del Pueblo recuerda que el Estado debe garantizar la libertad de expresión sin impedimentos.

El Proyecto de Ley N° 1027/2016-CR, Ley que protege las libertades y
derechos informativos de la población, plantea prohibir que las personas
que estén investigadas o condenadas por delitos de corrupción sean
propietarias de un medio de comunicación u ocupen cualquier cargo
directivo que les permita incidir en la línea editorial. Asimismo,
propone la creación de una veeduría ciudadana para garantizar que los
medios de prensa brinden información neutral y desinteresada, facultando
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a implementar medidas para
alcanzar dicho objetivo.

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo considera que debido a que
la corrupción afecta la integridad de la Administración Pública y los
derechos fundamentales de los ciudadanos, la implementación de políticas
públicas eficaces que la erradiquen es un deber irrenunciable del
Estado. Sin embargo, la iniciativa legislativa antes referida no solo
no contribuye con este propósito sino que más bien colisiona
directamente con derechos y libertades reconocidas en la Constitución,
tales como la libertad de expresión, el derecho a la presunción de
inocencia, entre otros.

La Defensoría del Pueblo recuerda que, conforme a la Constitución y a lo
establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, toda
persona tiene derecho a la presunción de inocencia. En virtud de ella,
el Estado solo puede restringir los derechos de una persona procesada en
lo que sea estrictamente necesario para llevar adelante una
investigación. Por ello, imponer un impedimento para ser propietario o
dirigir un medio de prensa por el hecho de ser investigado por un
delito, contraviene nuestra Carta Magna. Además debe considerarse que
esta iniciativa legislativa, de ser sancionada como ley, podría servir
como herramienta de coacción y presión contra los propietarios y
directores de medios de comunicación, quienes por el solo hecho de ser
denunciados serían impedidos de ejercer la titularidad o la dirección de
dicho medio.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo considera que el proyecto de ley no
ha ponderado que la Constitución reconoce que la libertad de expresión
comprende no solo la difusión de ideas u opiniones, sino**también
el**derecho a fundar un medio de comunicación. En esta línea, también se
afecta la libertad de expresión cuando se restringe la posibilidad de
que cualquier persona pueda ser propietario o dirigir un medio
periodístico.

Por otro lado, en relación con la "veeduría ciudadana", consideramos que
su implementación en los términos propuestos, esto es, bajo el control o
supervisión del Ejecutivo, implicaría un claro riesgo de control
indirecto sobre los contenidos que difunden los medios de comunicación.
Nuestra Constitución garantiza que la libertad de expresión sea ejercida
sin censura ni impedimento alguno, es por ello que la intervención del
Ejecutivo constituiría un impedimento para la libertad de expresión e,
incluso, un supuesto de censura previa, lo cual se encuentra proscrita
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante esta situación, la aprobación de una ley como la descrita
resultaría una paradoja en sí misma, ya que afectaría las propias
libertades informativas que pretende defender.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que una legítima veeduría
ciudadana es aquella que es realizada por la sociedad civil y cuyo
ejercicio es posterior a cualquier publicación, conforme señala la
Constitución.

No obstante, la Defensoría reconoce que es legítima la preocupación de
la ciudadanía y de las autoridades acerca de la necesidad de obtener
información veraz de parte de los medios de comunicación. En ese
sentido, sugiere que estos consideren, como parte de sus mecanismos de
autorregulación, la implementación de un "ombudsman" u otras figuras
similares, tal como ya ocurre de forma extendida en otros países e
incluso de manera parcial en el nuestro.

La Defensoría del Pueblo suscribe que no puede haber democracia sin
debate público, ni debate público sin libertad de expresión, conforme lo
han señalado diversos organismos internacionales. De allí la necesidad
de garantizar e implementar lo recomendado por el Relator Especial de la
OEA para la libertad de expresión, quien ha remarcado que "los Estados
tienen la obligación de promover un entorno de comunicaciones libre,
independiente y diverso". Y, para la Defensoría del Pueblo, está claro
que un proyecto como este no contribuye a dicho propósito.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recuerda que el Estado tiene el
deber de proteger la libertad de expresión y, por su parte, los medios
de comunicación tienen la obligación de respetar el derecho a la
información de los ciudadanos.

CULTURA

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